Imagen de cubierta de ‘Una novela criminal’, de Jorge Volpi (detalle)

Desde la primera página de Una novela criminal (2018), Jorge Volpi advierte al lector que está por adentrarse en una obra de narrativa documental o de “no ficción”. Más de uno pudo pensar que se encontraría con una “novela real”, a la manera de Emmanuel Carrère, Javier Cercas o Juan Gabriel Vásquez, donde una historia verificable o un caso policiaco es sometido a múltiples fabulaciones y glosas. Pero se trata de otro tipo de novela.

No hay aquí digresiones personales del autor, quien aparece muy poco, cuando pasea por las playas de Dunkerque o cuando visita la cárcel del Altiplano. Tampoco hay monólogos filosóficos, ni tesis sobre los límites de la ficción: lo que leemos, de principio a fin, es un cúmulo de testimonios sobre la impunidad en México, a partir del caso de la supuesta “banda del Zodiaco” de Israel Vallarta y Florence Cassez. Una radiografía áspera del sistema de seguridad y justicia en México, donde la tortura, el soborno y la complicidad de los medios son regla y no excepción.

Tal vez la factura de esta novela tenga que ver más con el viejo género testimonial de la literatura latinoamericana que con la nueva “novela sin ficción”. Pienso en antecedentes como Operación masacre (1957) del argentino Rodolfo Walsh –que algunos quieren ver como adelanto del new journalism de Wolfe, Capote y Mailer, en Estados Unidos– o, más cerca, en La noche de Tlateloloco (1968) de Elena Poniatowska. En Una novela criminal hay la misma falta de distanciamiento, el mismo acceso epidérmico a la documentación de una injusticia.

Mejor dicho, no de una injusticia, sino de dos: la del secuestro de las víctimas reales –no de las “supuestas”– y la del arresto y procesamiento irregular de quienes no tuvieron que ver –o tuvieron que ver muy poco– con aquellos plagios de hace una década. Volpi está convencido de la inocencia de Cassez y, aunque sugiere que Vallarta pudo ser un chivo expiatorio, no descarta alguna implicación del dueño del rancho “Las Chinitas” en la ola de secuestros.

Como el documental Presunto culpable (2008), de los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, esta novela desnuda la infinita cadena de arbitrariedades que corroe el sistema penal mexicano: declaraciones contradictorias y forzadas a base de torturas y amenazas; detenciones extrajudiciales; colusión entre empresarios, políticos, abogados, jueces y policías; presos que no han sido juzgados e indiciados que permanecen en libertad; expedientes que se abultan y se vuelven inmanejables luego de tantas manipulaciones.

A este entramado sombrío, el caso de Florence Cassez agregó el pugilato narcisista de dos presidentes, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón, que no perdieron la oportunidad de legitimarse con el trofeo de la nación. El choque diplomático entre Francia y México, en aquellos años, fue tan ridículo como irresponsable, ya que cubrió simbólicamente las fallas del sistema judicial mexicano y el racismo y la arrogancia de unos y otros.

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